El equipo de abogados de la Confederación General del Trabajo (CGT) acudió a la justicia laboral para presentar una acción de amparo colectivo que pueda frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025 de Javier Milei que limita el derecho a huelga y amplía las actividades consideradas esenciales. La presentación, que pide por la invalidez de la medida, se hizo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, a cargo de Moira Fullana desde 2021.

El armado de la presentación judicial estuvo en manos de los abogados Federico West Ocampo (Sanidad), Hugo Moyano (h.) y Marta Pujadas (Uocra), quienes consideran que el decreto presidencial “es un ataque directo al derecho de huelga” y que es “inconstitucional”.

El escrito pone en jaque la constitucionalidad de ese DNU desde varias aristas. Una de ellas tiene que ver con el debido proceso legislativo, ya que “la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto” sino a través de ley sancionada por el Congreso.

La otra cuestión que puso de relieve el texto es que la normativa dictada por el Poder Ejecutivo no solo choca de frente con la legislación nacional sino también con la internacional que tiene rango constitucional.

La CGT recurrió estratégicamente a la justicia laboral teniendo en cuenta que ya en ese fuero logró frenar en el DNU 70/23, que intentó imponer una reforma laboral sin debate previo en el Congreso. Esa pulseada se dio cuando Milei no llevaba ni siquiera un mes en la Casa Rosada.

Letra chica

El DNU N° 340, publicado el miércoles último en el Boletín Oficial, refiere al Régimen de Excepción de la Marina Mercante pero en uno de sus artículos modificó el capítulo de Convenios Colectivos de Trabajo. Avanza sobre el derecho de huelga a través de la redefinición de los servicios esenciales y la incorporación del concepto de actividades trascendentales. Sobre los esenciales, exige que durante una huelga se garantice una cobertura mínima del 75 por ciento, y del 50 por ciento en las actividades trascendentales.

El decreto es un eco del cuestionado DNU 70/2023 con el que Milei, a días de haber asumido, intentó avanzar contra los derechos del trabajo. Por este motivo fue declarado inconstitucional y ese capítulo laboral quedó inactivo.

La acción de amparo presentada por la CGT ante la jueza Fullana plantea que el DNU de Milei limita el derecho a huelga y “fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el artículo 99 inciso tercero de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional”.

Punto por punto

En su intento de conseguir que la Justicia considera inválido el reciente DNU, el equipo de legales de la central obrera enumeró siete argumentos para reforzar su pedido mediante la acción de amparo.

En ese aspecto, el documento remarca que hay un ataque directo al derecho de huelga, pero que además se registra una violación a la Constitución Nacional y los tratados internacionales. “El decreto vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga”, precisa el amparo.

En este sentido se remarca también un uso inconstitucional del DNU entendiendo que la nueva normativa del Ejecutivo fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el artículo 99 inciso tercero de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional. “La reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto”, enfatiza.

Finalmente, se plantea una gravísima regresividad normativa, teniendo en cuenta que el decreto sustituye en su totalidad el artículo 24 de la Ley 25.877, ampliando la noción de servicios esenciales y de importancia trascendental, y estableciendo restricciones que desnaturalizan el derecho de huelga.